Déficit de ejecución presupuestal repercute directamente en la congestión judicial: Contraloría

La Contraloría General de la República evidenció que el Consejo Superior de la Judicatura viene girando sumas globales a los fondos de cesantías sin que la entidad tenga la certeza de los montos individuales que le correspondían a los beneficiarios del auxilio respectivo, lo que generó riesgo de pagos en exceso a cargo del erario. Solo para el periodo 2012-2015 se establecieron posibles dobles pagos por $ 1.046 millones por este concepto. (Lea: Contraloría General desaprobó gestión fiscal del Consejo Superior de la Judicatura)

En auditoría adelantada por el ente de control a la vigencia 2016, se encontró que similares deficiencias se detectaron en el recobro de incapacidades por parte de la entidad. Otra de las situaciones que afectan la gestión del talento humano se detectó en el reporte de novedades de nómina, donde debido a la alta movilidad de la planta de personal de la Rama y la existencia de 5.900 nominadores generan un volumen de trabajo excesivo para el soporte humano y tecnológico actualmente existente, que impide efectuar un adecuado control a los pagos que se generan por este tipo de movimientos, ocasionando pagos en exceso y acciones de recobro que incrementan la carga de trabajo a las áreas involucradas.

Al 31 de diciembre del 2016, las pretensiones de procesos instaurados en contra de la rama sumaban $ 17 billones y los fallos ejecutoriados pendientes de pago totalizaron $ 162.103 millones. No obstante, para este 2017 solo se apropió el 24 % para el pago de estas obligaciones, lo que implica que el saldo restante continuará causando intereses moratorios. (Lea: Denuncian recorte millonario para despachos judiciales y aplazamiento de medidas de descongestión)

Como consecuencia de las graves irregularidades detectadas por el organismo de control fiscal en la gestión de liquidación y pago de procesos tales como cesantías, novedades y recobro de incapacidades, se ordenó la realización de una auditoría de cumplimiento a los procesos de administración de personal a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se deberá realizar en este segundo semestre del año.

De igual forma se pudo evidenciar la alta litigiosidad en contra de la Rama Judicial, debido al riesgo jurídico derivado de la congestión e inoportunidad en la prestación del servicio público de administración judicial, lo cual es una fuente de responsabilidad. (Lea: La paz, nueva sobrecarga laboral para jueces de ejecución de penas)

Finalmente, con relación a la auditoría del año anterior, la Contraloría encontró que el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado acciones tendientes a ejecutar efectivamente los recursos de inversión, lo cual se evidencia así: a pesar de la reducción del presupuesto de inversión 2016 en un 29 %, al pasar de una apropiación inicial de $ 231.762 millones a una final de $ 165.547 millones, la entidad comprometió el 95 % de este consolidado, del cual sólo ejecutó el 37 %.

Este déficit de ejecución afectó directamente la implementación de proyectos de inversión de infraestructura e informática, lo cual repercute directamente en la congestión judicial.

Contraloría Gen. República, Comunicado, 21/09/17

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