Defensoría informa que no se registran casos de ablación desde hace ocho meses

En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, la Defensoría del Pueblo aseguró que en los últimos ocho meses, no se registraron casos de ablación del clítoris en las comunidades Embera Chamí, asentadas en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda), entre otros.

Dado que esa práctica cultural lesiona la salud, integridad y vida de las niñas, se celebró un acuerdo con el Consejo Regional de Autoridades Indígenas del departamento, cuyos miembros se comprometieron a desarrollar actividades encaminadas a erradicarla, a través de la educación y la capacitación de los pueblos sobre sus graves consecuencias.

Según la defensora delegada para la Población Indígena y las Minorías Étnicas, el diálogo intercultural promovido por el Estado ha permitido que ese grupo “inicie una postura diferente, un ejercicio de convencimiento interno, en el que se busca proteger la salud y la vida futura de las niñas, sin lesionar sus derechos culturales”.

Cabe recordar que en abril y julio del 2014, se reportaron 11 casos de niñas a quienes se les practicó la mutilación genital, de las cuales cuatro fallecieron. Esto motivó la adopción de algunas medidas para contrarrestarla, como el ingreso de enfermeras bilingües a los principales centros de salud, quienes acompañan el parto de las indígenas y las capacitan sobre los riesgos de ese procedimiento.

Debido a ello, el organismo de control reiteró que la ablación es inaceptable en el marco del ordenamiento jurídico interno, pues los derechos fundamentales de las mujeres y la prohibición de sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes priman sobre la autodeterminación de estas comunidades y la imposición de sus usos y costumbres.

Antecedentes

Los esfuerzos por eliminar esa práctica en Colombia se han dado desde el 2009, cuando la comunidad Embera reconoció que la ablación estaba provocando la enfermedad y muerte de sus niñas, lo que llevó a los resguardos a suspenderla durante dos años.

Sin embargo, como las parteras seguían desconociendo ese mandato, en el 2010, el pueblo expidió una resolución que suspendía definitivamente la realización de la ablación. .

Frente a ello, organizaciones internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han exigido la toma de acciones urgentes para detener la práctica, como su prohibición mediante la legislación.