Defensor del Pueblo respalda constitucionalidad del marco jurídico para la paz

La Defensoría del Pueblo informó sobre la radicación de una intervención ante la Corte Constitucional, en la que exhorta a los magistrados a declarar exequible el Acto legislativo 1 del 2012, que define el marco jurídico para la paz.

Sobre esta reforma constitucional, demandada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), se pronunció recientemente la Procuraduría General de la Nación, al solicitar declarar inexequibles las expresiones “máximos”, “de manera sistemática” y “todos”, referidas a los criterios de selección que aplicará la Fiscalía General de la Nación para la investigación de delitos.

La Defensoría, por el contrario, considera que las expresiones cuestionadas no implican la renuncia del Estado a ejercer acciones de tipo penal ni, muchos menos, el desconocimiento de las obligaciones internacionales de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos (DD HH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Además, los criterios de priorización  tampoco favorecerían la impunidad, “sino que se trata de un mecanismo de gestión de la acción penal que ha sido utilizado en diferentes tribunales internacionales que han conocido y sancionado violaciones a los DD HH e infracciones al DIH, ocurridas en situaciones de conflicto armado”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que al incluir estas expresiones en la norma demandada, el Congreso no excedió su margen de competencias, por lo cual no existe una sustitución de la Constitución, como argumenta la CCJ.

Consulte aquí la demanda de inconstitucionalidad presentada por la CCJ