Decisiones sobre educación de grupos étnicos deben contar con participación de esas comunidades

Los procesos en los que esté involucrada la educación especial para grupos étnicos minoritarios deben contar con la participación de esas comunidades, para tomar cualquier determinación, advirtió la Corte Constitucional.

Por esta razón, tuteló los derechos fundamentales a la consulta previa, la educación de los niños indígenas y el trabajo de los etnoeducadores del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, ubicado en Riosucio (Caldas).

El fallo le ordena a la Secretaría de Educación del departamento realizar un proceso de consulta previa sobre la manera en que operarán los componentes de la política etnoeducativa en los establecimientos educativos, la designación de educadores, la creación de programas de formación, las decisiones sobre infraestructura física y fusión de sedes educativas, entre otros aspectos.

El alto tribunal agregó que el Estado debe garantizarles a las autoridades de los grupos étnicos minoritarios la participación y el acceso a la información sobre todo programa o plan que se pretenda realizar en su territorio, con el fin de identificar los impactos positivos o negativos del proyecto.

Esa participación debe ser activa y efectiva para las comunidades, y atender a la idiosincrasia de los pueblos nativos, agregó. A juicio de la Corte, la participación y cooperación de los grupos étnicos en los programas y servicios de educación es “el elemento determinante que marca la diferencia entre la etnoeducación y la educación tradicional”.

Además, una educación que respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades étnicas requiere varios componentes, que han sido desarrollados por la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, el capítulo III de la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 804 de 1995.

Los magistrados Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas Ríos salvaron el voto.

(Corte Constitucional, Sentencia T-355, jun. 5/14, M. P. Nilson Pinilla Pinilla)

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