Cortes reaccionan ante acuerdo del Consejo Superior que suprime despachos de descongestión

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado reaccionaron ante la expedición del Acuerdo PSAA1410195 del 2014, que provocaría la supresión de despachos de descongestión, y convocaron a sus integrantes, de manera extraordinaria, para discutir el tema.

Los altos tribunales expresaron reparos ante la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, según la cual los juzgados de descongestión serán prorrogados si alcanzan los resultados necesarios para continuar en funcionamiento, es decir, que aumenten sus metas en un 25 %. Esta medida, según Asonal Judicial, supondría la supresión del 30 % de los cargos de esos despachos.

Las dos altas corporaciones convocaron extraordinariamente a sus magistrados para discutir los efectos de esa determinación. Frente al caso, la organización sindical convocó a sus asambleístas, para definir la necesidad de un cese de actividades, como respuesta a lo estipulado en el acuerdo.

El Consejo de Estado y los tribunales administrativos emitieron un comunicado conjunto, en el que no solo reprochan el acuerdo de la Sala Administrativa, sino que le solicitan una reunión al Consejo Superior, con el fin de debatir el asunto.

La Sala de Consulta y Servicio Civil, por su parte, calificó como ilegal el acto administrativo, porque la Judicatura desconoció los artículos 113 y 304 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011), que obligaban a tener en cuenta el criterio de esa corporación, antes de tomar una determinación.

Hace unas horas, los juzgados administrativos de Bogotá se declararon en asamblea permanente, por lo que solo atenderán acciones de tutela y hábeas corpus, hasta que se restauren las medidas de descongestión suprimidas por el acuerdo y se adopten medidas reales para la creación de juzgados administrativos permanentes.

En su opinión, la supresión de cargos y despachos judiciales de descongestión en todos los niveles de la jurisdicción, incluso en el Consejo de Estado, parece ser una retaliación por las recientes decisiones judiciales que anularon la elección de dos magistrados de esa corporación.