Mientras se define la nueva realidad que ofrece para la Rama Judicial la reforma de Equilibrio de Poderes (Acto Legislativo 02 del 2015) y se solucionan las dificultades para conformar el Consejo de Gobierno Judicial, varios temas están generando malestar y controversia entre altas cortes.

Según la reforma constitucional, el Consejo de Gobierno Judicial es el  órgano encargado de definir las políticas para la Rama Judicial y remplazará de manera definitiva al Consejo Superior de la Judicatura. (Lea: Las dificultades para conformar el Consejo de Gobierno Judicial)

No obstante, desde el año pasado, el Consejo de Estado suspendió las elecciones de varios de los miembros de esta nueva instancia legal y administrativa, lo que generó un panorama no previsto en la reforma, dejando a la administración de justicia en una incertidumbre. (Lea: En firme suspensión de miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial)

Uno de estos vacíos jurídicos se evidenció con la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de elegir a Martha Lucía Zamora e Iván Darío Gómez Lee como nuevos magistrados de la Sala Administrativa, cuando la competencia para elegir dichos dignatarios le correspondía a la Corte Suprema de Justicia.

Vale la pena mencionar Zamora y Gómez remplazaron en estos cargos a los magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar, que habían dejado la corporación desde el 2014. Así, frente a la imposibilidad de conformación del nuevo Consejo de Gobierno Judicial, la Corte Suprema de Justicia tenía la potestad de elegir dichas vacantes.

Gran malestar suscitó en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la aparente extralimitación de funciones del Consejo Superior, con el notable hecho de que Zamora y Gómez Lee fueron designados presidente y vicepresidente de la Sala Administrativa, respectivamente.  (Lea: Estos son los altos dignatarios de la Sala Administrativa para el 2016)

Según información conocida por Ámbito Jurídico, mañana jueves,  la Corte Suprema de Justicia resolvería finalmente esta controversia eligiendo a los dos magistrados en propiedad de la Sala Administrativa.

Desde el alto tribunal de la justicia ordinaria se espera que el Consejo Superior acate esta trascendental decisión, que tiene varias implicaciones en el futuro del Poder Judicial. De lo contrario, la justicia estaría nuevamente a las puertas de un denominado “choque de trenes”.

Existe la probabilidad de que si se llega a una decisión de parte de la Corte Suprema habría repercusiones directas en el cese de actividades de las especialidades civil y de familia, en Bogota, que ya cumple más de 50 días.  (Lea: ACTUALIZACIÓN: Aun con presencia policial, continúa falta de atención en juzgados civiles y de familia)

La razón se encuentra en que el sindicato que lidera esta protesta ha manifestado que no ha logrado ninguna solución concertada con los altos dignatarios de la Sala Administrativa y por esto mantiene la anormalidad  en la jurisdicción civil mientras no se revoque o se aplace por un mínimo de tres años el Acuerdo 10445, que definió la estructura para los centros de servicios judiciales.

Documento disponible para suscriptores de LEGISmóvil. Solicite un demo.