Corte instala ‘IX conversatorio de la jurisdicción constitucional’

Al instalar el IX conversatorio de la jurisdicción constitucional, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, sostuvo que, pese al consenso que existe en la sociedad respecto a la necesidad de paz, los diálogos de La Habana no pueden eternizarse, por lo que es necesario establecer plazos y cronogramas.

Gaviria celebró que el escenario jurisdiccional sea la última palabra sobre los acuerdos. En su opinión, el aporte de la justicia es esencial para que la sociedad se ilustre y tome conciencia frente a lo que significa alcanzar la paz.

Por su parte el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, afirmó que los magistrados de la Corte Constitucional tienen una tarea protagónica en la construcción de la paz.

Fajardo agregó que el sostenimiento de la paz también depende de la eficiencia en la administración de justicia. En su opinión, es de elogiar el papel pedagógico que está adelantando la Corte frente a los diálogos. Allí, indicó, la atención a las víctimas será un aspecto fundamental para la viabilidad de los acuerdos.

En su intervención, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que la Corte Penal Internacional (CPI) no será un obstáculo para la paz, pues su acción depende de la total ausencia de justicia en torno a delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura.

Este marco de impunidad no se dará en Colombia, afirmó el jefe del Estado, quien recalcó que el Marco Jurídico para la Paz ofrece las herramientas que permiten impartir justicia de manera realista y mucho más eficiente. Se trata del fin del conflicto con un máximo de justicia, afirmó.

Adicionalmente, señaló que no comparte la postura de quienes afirman que, para concretar la reconciliación nacional, es necesario sacrificar la paz o la justicia. A su juicio, este doble objetivo exige sacrificios a muchos niveles, pero hacerlo de otro modo, sin el diálogo y la negociación como herramienta, significa someter a la sociedad colombiana a varias décadas más de violencia y desangre.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, afirmó que atenuar los castigos a los responsables del conflicto armado se justifica a cambio de verdad, justicia y reparación para las víctimas. En este caso, explicó, es deseable la alternatividad penal, por cuanto se persigue un bien supremo: la paz.

Palacio agregó que no se puede confundir este camino de reconciliación con la no confrontación, pues el ejercicio de la violencia también se hace visible en el hambre, la falta de oportunidades, la inequidad y otros males generadores de conflictos. En su opinión, la construcción auténtica de la paz también depende de la solución a todas esas problemáticas.

En cuanto a la aplicación del Estatuto de Roma, el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda recordó que cuando se adelantó el examen de exequibilidad del tratado, le solicitó al Gobierno de Andrés Pastrana expedir una nota aclaratoria en la que indicara que el país era partidario de amnistías, siempre y cuando estas estuvieran sujetas al compromiso del agresor o del grupo armado ilegal de cesar las hostilidades.