Corte Constitucional anuncia controles y régimen sancionatorio estricto para sus integrantes

La imposición de términos legales a todas las actuaciones de la Corte Constitucional, incluyendo las notificaciones, y la regulación estricta de la insistencia en la revisión de sentencias de tutela, sin que se descarte su eliminación, son algunos de los principales cambios propuestos por el alto tribunal, en la redición de cuentas realizada el pasado jueves.

Según el magistrado Mauricio González, “se trata de que la reforma a la justicia comience por casa”. Por esa razón, explicó, se limitarán en el tiempo los plazos para decidir procesos de nulidad y las acciones de tutela en Sala Plena, al igual que la notificación de sentencias y autos de nulidad, de súplica, de aclaración y de conflictos de competencia. Adicionalmente, se restringirá la suspensión probatoria en el trámite de revisión de acciones de amparo, como una posibilidad excepcional.

De otro lado, la corporación busca endurecer las exigencias éticas en las actuaciones de sus integrantes, por lo que se eliminarán las visitas irregulares de abogados a los despachos, las prácticas de cabildeo y la filtración de información reservada, prácticas que han afectando la confianza de los ciudadanos en esa institución.

Desde hace más de cinco años, agregó González, los propios magistrados han insistido en la necesidad de despojarse de funciones electorales, que son ajenas al rol que cumplen como jueces. El aporte de la Sala Plena en esa materia, explicó, será regular la participación del Presidente de la corporación en las designaciones del Registrador Nacional del Estado Civil y del Contralor General de la República, en las que el mérito debe ser el principio rector.

González aseguró que el próximo 30 de abril, se conocerá el nuevo reglamento de la institución, que le pondrá fin a la falta de términos en los procesos, regulará la vigilancia de la actuación de sus integrantes y modificará las funciones electorales atribuidas a ese alto tribunal.

Balance de tutelas

La presidenta (e) de la Corte, María Victoria Calle, informó que entre los años 2009 y 2015, de las 2.600.000 sentencias de tutela para revisión que llegaron al alto tribunal, se seleccionaron más de 7.300.

Calle aclaró que en 1.200 casos se presentaron insistencias por parte de los magistrados, pero solo 560 fueron admitidas, es decir, un 8 %. De los 4.600 fallos que finalmente fueron revisados, 60 constituyeron sentencias de unificación decididas por la Sala Plena. Así mismo, informó que de 252 solicitudes de nulidad, 0 fueron concedidas.

Por otra parte, aclaró que solo el 2 % de esas actuaciones versaron sobre asuntos económicos, y apenas en una tercera parte se concedieron los amparos solicitados. El 98 % restante, precisó, se refirió a litigios relacionados principalmente con la violación de los derechos a la salud, la seguridad social, la educación, la consulta previa, la estabilidad laboral reforzada y la prohibición de la discriminación.

Control de constitucionalidad

En el mismo periodo, se emitieron 1.202 sentencias de constitucionalidad. En 936 de estos asuntos, se demandaron leyes y decretos legislativos; 56 de ellos versaron sobre proyectos de reforma constitucional; 39, sobre objeciones gubernamentales; 79, sobre tratados internacionales; 12, sobre proyectos de ley estatutaria, y 78 se refirieron a decretos legislativos expedidos en estados de excepción.

Casos e mayor impacto

El vicepresidente de la corporación, Luis Guillermo Guerrero, incluyó entre las decisiones de mayor impacto el suministro vital y gratuito de agua potable, la objeción de conciencia frente a la práctica del aborto, la advertencia de que los tratados sobre la instalación de bases militares extranjeras sean tramitados previamente ante el Congreso, la inconstitucionalidad del referendo reeleccionista y la necesidad de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

También hizo referencia a la anulación de la condena de reparación por 800.000 millones de pesos a exsocios de Granahorrar, que había sido ordenada por el Consejo de Estado; el examen al Marco Jurídico para la Paz y la participación política de desmovilizados no responsables de delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos sistemáticamente; la inexequibilidad de las llamadas “megapensiones”, que favorecían a exfuncionarios de la Rama Judicial y a excongresistas; la inconstitucionalidad de la regulación al arancel judicial, y la adopción excepcional y condicionada para las parejas gay.

El magistrado Luis Ernesto Vargas, entre tanto, ofreció un parte de las decisiones proferidas para impulsar la superación del estado de cosas inconstitucional en la situación de los desplazados, destacando la protección a grupos vulnerables como las comunidades indígenas, los discapacitados y las mujeres, principalmente las víctimas de violencia sexual y otras conductas sistemáticas cometidas en el marco del conflicto armado. Vargas explicó cómo, a partir de estos pronunciamientos, se ha avanzado en la generación de políticas públicas con criterios diferenciales para esta población.

Además, dio cuenta del seguimiento que ha venido adelantando el alto tribunal en el caso de Colpensiones, para superar el estado de cosas inconstitucional que vive el sistema pensional. La falta de respuesta a las solicitudes de los afiliados y la calidad de gran parte de los actos de respuesta, indicó, fueron la evidencia inicial de los problemas en el manejo de historias laborales y en la gestión administrativa.

Al finalizar la rendición de cuentas, el magistrado Jorge Iván Palacio explicó las actuaciones de la corporación en torno al estado de cosas inconstitucional del sistema de salud, y destacó cómo, en los últimos meses, las miradas se centraron en el departamento del Chocó, donde se evidenciaron acciones omisivas que obligaron a la Corte a ordenar los correctivos del caso. Además, hizo referencia a los autos de seguimiento en los que la corporación ha impulsado cambios en la gestión administrativa y legislativa del Estado en este escenario.