Control de advertencia a Minambiente y otras entidades por gestión del recurso hídrico

La contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, emitió un control de advertencia sobre las debilidades técnicas, administrativas e institucionales de la gestión del recurso hídrico. La comunicación va dirigida a los ministerios de Ambiente, de Salud, de Minas, de Agricultura y de Comercio; así como a las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales urbanas y el Ideam.

La Contraloría analizó la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico en el año 2010, y advirtió que no hay avances en las estrategias establecidas. Además, indicó que ha identificado deficiencias en la gestión de las autoridades nacionales, regionales y locales en esta materia.

De acuerdo con el ente de control, las políticas, planes y programas en materia ambiental siguen atomizando las acciones de uso y manejo sostenible de los bienes y servicios, lo que las hace desarticuladas funcional e institucionalmente, y parciales en su implementación.

“La gestión del recurso hídrico debe surtirse de manera compartida entre corporaciones, municipios, gobernaciones y ministerios, dadas las características de competencia de cada una de ellas que impide que el recurso hídrico sea operado como unidad y se descentralicen las decisiones a la autoridad “, agregó.

La entidad también llamó la atención sobre la poca planificación de acciones para prevenir y mitigar los efectos relacionados con dos fenómenos que ya han sido estudiados: El Niño - La Niña y el cambio climático.

Las autoridades respectivas, indicó, no han logrado integrar la política hídrica con otros sectores sociales, políticos y económicos, pues no se han establecido responsabilidades de forma clara, lo que impide la consolidación y el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza para la gestión integral del recurso hídrico.

“En Colombia, las organizaciones estatales encargadas de gestión del recurso no tienen establecida una política efectiva, ni un marco legal apropiado para regular y gestionar el agua, que permitan atender las necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado, con la participación de todos los agentes sociales y se garantice el principio de precaución en la formulación de políticas ambientales”, concluyó.

(Contraloría General de la República, Oficio, jul. 25/14)

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