Mediante un control de advertencia, la Contraloría General de la República pidió a los ministros de Ambiente, Minas, Transporte y Comercio precisar las acciones que se han tomado para atender la problemática ambiental en la bahía de Santa Marta. Además, solicitó estimar el daño causado y la reparación por parte de cada uno de los causantes.

“La Contraloría General de la República advierte sobre la necesidad de obtener el resarcimiento del daño causado, en el entendido del que contamina causa un daño que debe ser reparado, y deberán ser las autoridades las que deberán estimar la reparación de este, así como aquellos otros que no hayan sido identificados, pero que generan afectación en el desarrollo de su actividad”, agregó.

La entidad se refirió a  la crisis ambiental de la bahía, señalando, en concreto, problemas generados por el cargue y transporte de carbón en puerto y en buque, la operación del Emisario Submarino, el río Manzanares como aportante de residuos sólidos y sedimentos al mar Caribe, la construcción de la Marina y el funcionamiento del relleno sanitario Palangana y el botadero Veracruz, entre otros.

El organismo de control también adelantó una actuación especial sobre el incidente de la barcaza que dispuso inadecuadamente carbón en el mar, específicamente en el puerto carbonífero de la multinacional Drummond, en el municipio de Ciénaga (Magdalena), el 13 de enero del 2013.

Igualmente, advirtió sobre la desarticulación entre las entidades del Estado que tienen relación con la problemática de contaminación en el Distrito de Santa Marta y en el municipio de Ciénaga.

“… Si bien es cierto las autoridades ambientales deben cumplir un papel preponderante en las situaciones antes evidenciadas, debe señalarse que también tienen alto grado de responsabilidad los Ministerios de Transporte, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia General de Puertos, la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, la Dirección General Marítima –DIMAR, el Distrito de Santa Marta, el municipio de Ciénaga, el Departamento del Magdalena y la sociedades portuarias y demás actores particulares que utilizan en forma inadecuada los bienes de la Nación, ocasionando severos daños ambientales a los mismos”, sostuvo.

Finalmente, recordó que esta semana vence el plazo para que las entidades objeto de la función de advertencia informen a la Contraloría las acciones o medidas que van a adoptar para corregir la situación detectada.