Contraloría revela fallas en cedulación y falta de control en depuración del censo electoral

La Contraloría General de la República detectó fallas en el proceso de cedulación que realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil, consistentes en falta de control y seguimiento en la expedición de documentos de identidad que llevan más de un año en proceso de producción.

La entidad también encontró deficiencias en el Sistema MorphoTop, el dispositivo de captura de huellas digitales, lo que ha generado tardanzas en la elaboración de cédulas por primera vez, renovaciones y rectificaciones.

Además, en la auditoría efectuada sobre la gestión y los resultados para la vigencia 2013, se evidenció falta de control y seguimiento en la depuración y actualización del censo electoral y la ausencia de un sistema que consolide las novedades de altas y bajas, lo que impide conocer el estado actual de las cédulas de ciudadanía aptas para votar.

En cuanto al nombramiento de jurados de votación, determinó que por deficiencias de control y verificación en el sistema de sorteo, se presenta duplicidad en su designación. Esto ha generado que, en una misma jornada electoral, una persona sea nombrada en diferentes zonas, puestos y mesas de votación, “situación que obliga a sancionar al jurado por inasistencia, generando desgaste administrativo por no realizar verificaciones previas al respectivo acto sancionatorio, que posteriormente debe revocarse”, precisa el informe.

De acuerdo con la información reportada por la Registraduría a la comisión auditora, 106 notarías no reportaron valores por concepto de copias del registro civil en el 2013, lo que crea incertidumbre sobre el recaudo del 10 % que deben girarle esos despachos a la Registraduría.

Por su parte, en la auditoría realizada al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la ejecución de recursos públicos en la vigencia 2013, que ascendieron a 9.819 millones de pesos, y a la administración de los recursos del Fondo Nacional de Financiación Política en la misma vigencia, la Contraloría encontró falencias en los procesos administrativos relacionados con los topes de campañas electorales.

En la evaluación hecha a la distribución de los recursos estatales para la financiación de los partidos y movimientos políticos, se descubrieron inconsistencias en la información oficial consolidada, que fue objeto de modificación y conciliación, y negligencia administrativa que ocasionó la caducidad de posibles acciones sancionatorias.

Por último, estableció que el CNE realizó un seguimiento oportuno a la rendición pública de cuentas efectuada por los partidos, ejerciendo control sobre los límites a la financiación privada y al gasto. Sin embargo, la entidad no realizó una auditoría externa durante las vigencias 2012, 2013 y lo corrido del 2014.