Contraloría recomienda mejorar sistemas de prevención y alertas por desplazamiento forzado

La Contraloría General de la República recomendó mejorar los sistemas de prevención y alertas sobre casos de desplazamiento forzoso por el conflicto armado y, al mismo tiempo, agilizar el trámite y respuesta de las solicitudes de protección que presentan ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) los desplazados que sienten amenazadas sus vidas.

Así lo planteó el organismo de control en un documento que envió a la Corte Constitucional, formulando sus observaciones, comentarios y recomendaciones respecto al informe que realizó el Gobierno Nacional sobre el  avance en la política de prevención y protección al desplazamiento, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025  del 2004 y según lo dispuesto en el Auto 045 de 2015.

Para la entidad, la política de prevención y protección al desplazamiento del Gobierno Nacional, aunque va por buen camino, debe fortalecerse.

Al analizar los instrumentos de política para la evaluación de riesgos y planes de prevención, la Contraloría evidenció que no todas las situaciones de riesgo se advierten en informes o notas de seguimiento o son objeto de llamadas de alerta por parte de las autoridades locales y, por tanto,  derivan en hechos victimizantes.

“Es necesario reforzar la promoción de la gestión institucional frente a la advertencia de riesgo que emite la Defensoría del Pueblo”, recalcó al respecto.

Cabe recordar que mediante la Sentencia T-025 del 2004, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, como consecuencia de la vulneración grave, masiva y sistemática de los derechos fundamentales de la población. 

Esa declaratoria obedeció, principalmente, a la precaria capacidad institucional del Estado para atender a dicha población y a la insuficiencia de recursos para tales efectos.

Retrasos en las solicitudes de protección

Por otro lado, la Contraloría expresó preocupación por las demoras que se surten en la recepción y procesamiento oportuno de solicitudes de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Al respecto, recordó que se han identificado demoras injustificadas y excesivas en respuesta a las peticiones de protección, así como en su debido procesamiento: de un total de 876 evaluaciones de riesgo efectuadas en condición de desplazamiento en el año 2014, 190 sufrieron retraso, lo que representa un 22% de las evaluaciones efectuadas.

Finalmente, , la Contraloría informó que los recursos del Presupuesto General de la Nación que se dedican a prevención y protección ascienden a $366.000 millones, entre los que se destaca la adquisición de bienes y servicios de la Unidad Nacional de Protección, lo cual constituye el 90% de estos recursos.