Contraloría emite control de advertencia por fijación de UPC

La Contraloría General de la República emitió un control de advertencia sobre los riesgos de fijar el monto de la unidad de pago por capitación (UPC) en los regímenes contributivo y subsidiado y para la población reclusa sin darles cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional.

La entidad recordó que la fijación de esta unidad debe estar respaldada técnicamente y fundada en costos reales, pues la falta de estos principios ocasionaría un detrimento en los recursos públicos destinados al sector salud.

La Contraloría explicó que la decisión obedece a la inconsistencia en la información que reportaron las EPS sobre la frecuencia de uso y gasto médico, especialmente en medicamentos; debilidades en los estudios técnicos para determinar el monto de la UPC, y errores en su actualización para la vigencia del 2011.

“En ese contexto, cualquier incremento de la UPC hubiera requerido que se hubieran subsanado las deficiencias detectadas en el sistema y en las variables para el cálculo de la UPC, ya que si existe sobreestimación en favor de los receptores de la UPC, se puede generar detrimento de los recursos públicos”, indicó la entidad.

De otro lado, advirtió que las diversas denuncias e investigaciones en curso sobre los contratos entre el Inpec y Caprecom, y la subcontratación realizada por esta última institución para la atención de la población reclusa y extramural, no generan la confianza para que la información sobre los costos sirva como base a una decisión que implique un incremento en la UPC.

Finalmente, la Contraloría aclaró que el cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional debe entenderse también para el caso de que se proceda a “decretar incrementos utilizando información inadecuada, falsa, inexacta o fraudulenta como sustento para fijar nuevos montos de la UPC”.

Vale la pena recordar que por medio, del Auto 216 del 2012, la Corte Constitucional le ordenó al Ejecutivo elaborar una metodología apropiada para establecer la suficiencia de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado, con base en estudios que demuestren credibilidad y rigor técnico.