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Contraloría emite control de advertencia por liquidación de la DNE

30 de Mayo de 2014

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La Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo que representa para los recursos públicos la falta de información sobre la situación jurídica, administrativa y financiera de parte de los bienes inmuebles urbanos y rurales extinguidos que administra la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

 

Según explicó, a dos meses de culminar el proceso de liquidación de la DNE, existe un riesgo en la administración y venta de los bienes y un posible peligro de pérdida de los mismos. Además, se puede afectar la gestión de los depositarios.

 

De acuerdo con la Contraloría, la DNE administra aproximadamente 28.086 bienes, entre extinguidos e incautados, cuyo valor asciende a 5,8 billones de pesos.

 

Al respecto, afirmó que si no se subsanan las debilidades advertidas, “la situación de incertidumbre con respecto de la información será transferida a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”.

 

La entidad también evidenció que no se le está dando cumplimiento al parágrafo del artículo 2º del Decreto 2177, que otorgó una prórroga para liquidación, hasta el 31 de julio de 2014.

 

“En algunas carpetas de los expedientes, no reposa la información relativa a su situación jurídica, administrativa, tributaria y financiera, la calificación de la situación financiera que coincida con el valor del avalúo catastral vigencia 2012-2013, o del valor base del respectivo registro según el caso, entre otros”.

 

Por lo anterior, dice la Contraloría, “esta función de advertencia adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el próximo 31 de Julio de 2014, culmina el proceso de liquidación de la DNE, en los términos establecidos por la ley”.

 

Vale la pena recordar que, hace tres años, el Gobierno expidió el decreto que ordenó la liquidación de la DNE. Esa vez, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que el Ministerio de Justicia asumiría parte de las funciones de la entidad liquidada y que los bienes incautados serían administrados por una institución dependiente del Ministerio de Hacienda.

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