CIDH presenta informe sobre independencia de operadores judiciales

Los operadores de justicia tienen un rol fundamental en la preservación del Estado de Derecho, al permitir que toda denuncia tome su cauce a través de los mecanismos jurisdiccionales dispuestos por el Estado y que, en casos de violaciones a los derechos humanos, sea posible investigar, castigar a los responsables y recibir una reparación, garantizándole un debido proceso a toda persona sometida al poder punitivo del Estado.

Así lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la presentación del informe Garantías de independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en Las Américas, que fue aprobado por el pleno de ese organismo el pasado 5 de diciembre.

Este informe fue elaborado con base en un cuestionario formulado a los Estados y a la sociedad civil, con el que se identificaron, entre otros puntos, las obligaciones de aquellos para lograr una actuación independiente de los funcionarios judiciales.

Según el diagnóstico, en varios Estados del continente los funcionarios judiciales desempeñan sus labores con falta de garantías, lo que afecta su independencia, tanto a nivel individual como de las instituciones en las que trabajan. Poderes públicos y agentes no estatales suelen ser fuente de injerencias que generan barreras para acceder a la justicia, explicó.

El documento aborda aspectos como la independencia frente a otros poderes u órganos estatales, los procesos de selección y nombramiento, la independencia en el ejercicio del cargo, las situaciones de separación del mismo y el régimen disciplinario aplicable.

Un obstáculo identificado es la falta de recursos materiales y logísticos, que debilita la actuación independiente, a lo que se suman fuentes externas, como las presiones del crimen organizado.

Recomendaciones

Las recomendaciones formuladas por la CIDH incluyen la consolidación de la separación de los poderes públicos, la adopción de medidas para garantizar la independencia de la Fiscalía y la asignación de recursos suficientes para que los órganos judiciales y la defensoría pública cumplan sus tareas.

En cuanto a los procesos de selección y nombramiento, la Comisión llamó la atención sobre la necesidad de acceder a estos cargos con base en el mérito y las capacidades profesionales, asegurando la igualdad y la no discriminación. Además, indicó que los nombramientos en provisionalidad deben ser una situación excepcional, y recomendó procurar una representación adecuada de género, de los grupos étnicos y de las minorías en los órganos del Poder Judicial, la Fiscalía General y la Defensoría Pública.

Otra recomendación es que, en los países donde aún no existe, se cree un órgano independiente de gobierno y administración de las entidades de justicia, encargado de la selección, el nombramiento, los ascensos y traslados y la imposición de medidas disciplinarias, en todos los niveles.

En materia de presupuesto, identificó como esencial para garantizar la independencia que el poder judicial, las fiscalías y las defensorías no dependan de otros poderes o entidades y cuenten con recursos suficientes para desempeñar adecuadamente las funciones encomendadas.

En esa medida, los Estados deben asegurar bases salariales idóneas para los operadores de justicia, que permitan adoptar remuneraciones suficientes, de acuerdo con sus responsabilidades.

¿Quiénes son operadores de justicia?

La CIDH ha utilizado la noción de operador de justicia para referirse a los funcionarios del Estado que intervienen en los sistemas de justicia y desempeñan funciones esenciales para el respeto y la garantía de los derechos de protección y debido proceso.

La definición incluye tanto a jueces y juezas, a los que de manera primordial les compete la función jurisdiccional, como a fiscales y defensores públicos, que, desde sus roles, están vinculados a procesos en los que el Estado realiza funciones dirigidas a garantizar el acceso a la justicia.

(CIDH, Informe: Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia, feb. 5/14)