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CIDH asume caso de exministro Saulo Arboleda por escándalo del “miti-miti”

20 de Enero de 2014

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Nota:
22009

La Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) asumió la investigación de la demanda presentada por el exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda en contra de la condena que le impuso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el llamado escándalo del “miti-miti”, relacionado con una licitación de 81 emisoras en frecuencia modular (FM).

 

En esa ocasión, Arboleda le adjudicó una emisora a un periodista radial, por recomendación del exministro de minas Rodrigo Villamizar. Por esta causa, el 25 de octubre del 2000, recibió una sanción disciplinaria de multa equivalente a 90 días de salario e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.

                                                                                      

La CIDH le dio tres meses de plazo al Gobierno colombiano para que presente sus observaciones, con el fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

 

La defensa del exministro aseguró que si bien la Corte Suprema puede revisar una sentencia cuando sucedan hechos y aparezcan pruebas nuevas, no ha permitido el trámite de este recurso, a pesar de que existen tres nuevas pruebas que podrían cambiar sustancialmente la condena impuesta.

 

“Confío en que la CIDH corrija tan ostensible injusticia, reflejada en  que el Dr. Villamizar esté absuelto, yo condenado, y se me niegue en forma reiterada mi derecho de acceso a la administración de justicia”, sostuvo  Arboleda. 

 

En febrero del año pasado, el Consejo de Estado se inhibió de pronunciarse de fondo sobre el acto administrativo de dio origen al llamado escándalo del “miti-miti”.

 

Cabe destacar que la Sección Segunda de este alto tribunal había revocado la sanción disciplinaria que impuso la Procuraduría, debido a la ilegalidad que, a su juicio, se evidenciaba en algunas grabaciones obtenidas sin orden judicial y sin la autorización del procesado.

 

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