La crisis por la que atraviesa el sistema general de salud, y que tiene en proceso de liquidación a varias EPS del país, pone en situación de riesgo a la población que está en tránsito de una entidad a otra, y sobre todo a quienes se encuentran en tratamientos por enfermedades crónicas o patologías de alto costo.

Así lo advirtió el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al solicitarle al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que explique las medidas adoptadas por el ministerio para garantizar el derecho a la salud de 3,3 millones de usuarios, que serán sujetos de traslados masivos por la liquidación de EPS.

Según Otálora, resulta preocupante que cinco de las 24 EPS del régimen contributivo y nueve de las 46 del régimen subsidiado hayan sido intervenidas.

“La Defensoría del Pueblo seguirá denunciando ante las autoridades competentes todo tipo de irregularidades, las faltas de atención, demoras injustificadas, negación de servicios y todas estas irregularidades que implican conductas violatorias del derecho fundamental a la salud, y no dudará en acudir a la vía judicial, si es necesario para garantizar el cumplimiento de los derechos en salud de los ciudadanos”, señaló Otálora.

Finalmente, el funcionario advirtió que toda negación del servicio de salud es una violación de los derechos de los usuarios.