Luego de evaluar la gestión económica, jurídica, contractual, técnica y financiera del proceso de traslado de las sedes centrales de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de ese organismo, la Auditoría General de la República formuló hallazgos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales que superan los 76.400 millones de pesos.

Según la Auditoría, aunque el ente de control y la Nación acordaron el traslado temporal para adecuar, modernizar y conservar las antiguas sedes de la entidad, no se realizaron las acciones necesarias para cumplir a cabalidad con ese compromiso, por causas directamente imputables a la Contraloría.

Por ejemplo, no se había garantizado la realización de la evaluación diagnóstica integral de las edificaciones, para identificar las obras y adecuaciones que se debían ejecutar, en caso de ser necesarias, y se vendieron inmuebles sin saber, con precisión, si eran o no funcionales para el desarrollo de sus actividades misionales.

A juicio de la Auditoría, los recursos públicos destinados al pago de contratos de arrendamiento de la nueva sede y los contratos conexos no cumplieron con el fin propuesto, lo que habría generado un detrimento patrimonial superior a 54.000 millones de pesos.

De otro lado, concluyó que no existen elementos de juicio para demostrar que resultaba más costoso adecuar las antiguas sedes que pagar el arrendamiento del nuevo sitio o adquirir uno nuevo.

Así mismo, en el traslado no se incluyeron bienes muebles que se encontraban en buen estado, los cuales se encuentran en la antigua sede desde hace 22 meses, lo que evidenciaría una pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste natural superior a los 122 millones de pesos.

Finalmente, la entidad formuló un hallazgo penal y disciplinario a la Contraloría, por utilizar de manera inadecuada la figura de las vigencias futuras para adquirir los bienes por adhesión y destinación.