Quienes se consideren víctimas del deslizamiento originado en el relleno sanitario de Doña Juana en 1997 podrán intervenir en el proceso, aunque no hayan sido notificados personalmente de las actuaciones que continúan cursando en el Consejo de Estado. Así lo determinó la Sección Cuarta del alto tribunal, tras suspender el proceso de acreditación que se venía desarrollando en la Secretaría General. Con base en el Decreto 2591 de 1991, que le permite al juez identificar la forma más adecuada de notificar a las partes, la magistrada ponente, Carmen Teresa Ortiz, consideró que la publicación en medios de comunicación que se produjo el pasado fin de semana era suficiente para considerar cumplido este propósito. El alto tribunal subrayó que no es necesario que las víctimas vayan al Palacio de Justicia a notificarse, aunque pueden hacerlo para presentar los memoriales que consideren pertinentes.