Al negar una tutela que buscaba revivir la suspensión del Decreto 1609 del 2013, que puso en marcha la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagén, el Consejo de Estado sostuvo que no es esta la vía adecuada para estudiar la supuesta vulneración al patrimonio público que se generaría con la ejecución del acto administrativo. Indicó que se trata de una garantía de rango colectivo, propia de la acción popular, y no de un instrumento constitucional como este, diseñado para proteger derechos fundamentales individuales de las personas. La Sección Quinta precisó además que en la actualidad ya cursan tres acciones populares encaminadas a evitar la venta de acciones, a más de la ordinaria, en la que se estudia la legalidad de este acto administrativo. Cabe destacar que, por decisión del propio Ejecutivo, el inicio de la enajenación fue postergado; adicionalmente, la magistrada de la Sección Cuarta, Martha Teresa Briceño, emitió un auto en el que negó la medida cautelar de urgencia sobre el decreto, lo que pone de presente la vigencia actual de la actuación (C. P. Alberto Yepes).