La Corte Constitucional amparó los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital de un grupo de desplazados que no habían sido inscritos en el registro único de esta población, por estimar que la urgencia con que ellos requieren la ayuda que les brinda el Estado no permite someterlos a trámites administrativos y, en cambio, la tutela es el mecanismo ideal para atender oportunamente sus necesidades. La Sala Tercera de Revisión reiteró que los parámetros por los cuales se rige la interpretación de la declaración de una situación de desplazamiento son: la aplicación del principio de buena fe a favor del desplazado, la inversión de la carga de la prueba hacia la autoridad, y la relevancia de las contradicciones únicamente en cuanto se refieran al hecho esencial del desplazamiento y no a los elementos accesorios a la situación (M. P. Juan Carlos Henao).