La orden obedece a medidas cautelares que interpuso la Corte Constitucional frente a un proceso de tutela en el cual se alega incumplimiento de una acción de amparo constitucional que le competía a Norman Julio Muñoz, como representante legal de la entidad demandada. Así las cosas, la Sala Séptima de Revisión ordenó suspender cualquier orden judicial contra el funcionario que pueda desprenderse de ese expediente, tras el incidente promovido por Agropecuaria El Roble del Caribe ante un Juzgado de Barrancabermeja (Santander).