Contrario a lo expresado por la Alcaldía de Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) indicó que fue notificada de un fallo de tutela de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirma las facultades constitucionales y legales que tiene esta entidad para exigir a sus inspeccionados o investigados acceso a los correos electrónicos que resulten pertinentes dentro de sus investigaciones. Según la SIC, en el fallo queda claro que la entidad no violó los derechos al debido proceso ni a la intimidad, al realizar dicho procedimiento administrativo el 21 de noviembre del 2012, por cuanto la propia Constitución Política autoriza a todas las entidades de inspección, vigilancia, control e intervención exigir la presentación de cualquier documento privado. El titular de la entidad, Pablo Felipe Robledo, manifestó que solicitará a la Corte Constitucional que seleccione para revisión los dos fallos para que sea el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional el que diga la última palabra.