La Superintendencia Financiera recordó que la Ley 610 del 2000 regula el proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. En ese sentido, explicó que las consecuencias de la declaración de responsabilidad son la publicación de los nombres en el Boletín de Responsables Fiscales, la caducidad del contrato estatal respectivo si se encuentra vigente o no ha sido liquidado y la inhabilidad para contratar con el Estado hasta por cinco años. Según la superintendencia, si una de sus vigiladas es declarada responsable, deberá abstenerse de celebrar nuevos negocios que impliquen la administración de recursos públicos.