Un fallo reciente de la Corte Constitucional precisa que el Estado no podrá obligar a la población colombiana a vacunarse contra el virus del papiloma humano (VPH), sino que, por el contrario, deberá garantizar el derecho al consentimiento informado de sus destinatarios. De acuerdo con este contexto, y al resolver un amparo que solicitaba, principalmente, salvaguardar los derechos fundamentales de los menores afectados por los efectos secundarios de esta vacuna, la Sala Octava de Revisión advirtió al Ministerio de Salud que no puede imponerse contra la voluntad de las personas. Por otro lado, el alto tribunal exhortó a esta cartera para que elabore un informe en el que se identifique el número de personas que, habiendo sido destinatarias de la aplicación de la vacuna, requieran atención por el sistema de salud a causa de posibles afectaciones derivadas. Finalmente, la entidad tendrá que continuar con las labores de seguimiento y valoración periódica de los conceptos técnicos y científicos nacionales e internacionales en relación con esta problemática. Debe tenerse en cuenta que no existe aceptación uniforme respecto del grado seguridad, calidad y eficacia de la vacuna (M. P. Alberto Rojas).