Un juez de restitución de tierras de Mocoa (Putumayo) determinó que los planes para garantizar el retorno seguro de las víctimas de la violencia hacia sus tierras deben estar finiquitados desde que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) microfocaliza las regiones, es decir, en el momento en que identifica casos de desplazamiento y despojo particulares geográficamente. Con estos argumentos, llamó la atención a las autoridades de Putumayo y del municipio Valle de Guamuez por no haber diseñado las estrategias necesarias para garantizar esta tarea y no incluir a la comunidad en la elaboración de la herramienta. Así las cosas, el operador jurídico le dio un plazo de seis meses a la URT para que prepare el plan de retorno, incluyendo en la tarea a Corpoamazonia. Con estas previsiones, el juzgado ordenó la restitución del predio La Caya, tras comprobar que una familia había sido víctima de abandono forzado del bien, a raíz del miedo que generó el enfrentamiento protagonizado por paramilitares y guerrilleros en la vereda La Esmeralda, en junio del 2000.