La jurisprudencia ha extendido la aplicación del principio de la confianza legítima inclusive a los casos en los que aun habiendo mediado “previo aviso y ejecución del trámite de desalojo de conformidad con las exigencias de garantía del debido proceso”, la administración no brinda alternativas reales de subsistencia en condiciones mínimas de calidad y de dignidad, así lo reiteró la Corte Constitucional al amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo de una mujer que durante 15 años trabajó cuidando motos en la bahía de un edificio de la ciudad de Cali (Valle), luego de que la obligaran a retirarse del lugar argumentando la obligación de recuperar el espacio público. En este contexto, le ordenó a la Alcaldía de Cali capacitarla sobre formalización del comercio (C. P. Mauricio González Cuervo).