Rendición de cuentas de la Corte Constitucional Más de 8.500 sentencias ha expedido la Corte Constitucional en los últimos seis años (8:00 a.m.)

Sobre las actuaciones de la Corte Constitucional como juez de tutela, María Victoria Calle informó que, entre el 2009 y el 2015, de los 2’600.000 casos que llegaron al alto tribunal se seleccionaron más de 7.300. En casi 1.200 de ellos hubo presentación de insistencias por parte de los magistrados, pero solo 560 fueron admitidas, es decir, solo el 8 % de los expedientes escogidos. En el periodo reportado, más de 4.600 tutelas fueron revisadas, de las cuales 60 terminaron decididas en sentencias de unificación por parte de la Sala Plena, añadió. Informó además que de las 252 solicitudes de nulidad, en 10 oportunidades se accedió. Así mismo, solo el 2 % de esas actuaciones versaron sobre asuntos económicos y en una tercera parte se concedieron los amparos solicitados; el 98 % restante, precisó, se refirió  a litigios principalmente relacionados con la violación del derecho a la salud, seguridad social, educación, consulta previa, estabilidad laboral reforzada y la aplicación de prohibición de discriminación. En el mismo periodo fueron emitidas 1.202 sentencias de constitucionalidad, en 936 de ellas fueron demandadas leyes y decretos legislativos, 56 versaron sobre proyectos de reforma constitucional, 39 sobre objeciones gubernamentales, 79 alrededor de tratados internacionales, 12 sobre proyectos de ley estatutaria y 78 referentes a decretos legislativos expedidos en estados de excepción, finalizó Calle. Por su parte, el vicepresidente Luis Guillermo Guerrero se refirió a los casos más emblemáticos que se resolvieron en estos seis años, entre los cuales se destacan el suministro vital de agua potable de manera gratuita; la objeción de conciencia frente a la IVE entre tres circunstancias; la advertencia para que tratados sobre la instalación de bases militares extranjeras sean tramitadas previamente ante el Congreso; la inconstitucionalidad del referendo reeleccionista; la necesidad de consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes; la anulación de la condena de reparación por $800.000 millones a exsocios de Granahorrar; el Marco Jurídico para la Paz; la participación política de desmovilizados; la inexequibilidad de las megapensiones y el arancel judicial, además de la adopción excepcional y condicionada para parejas gay. Luis Ernesto Vargas, entre tanto, ofreció un parte de las decisiones de la Corte para impulsar la superación del estado de cosas inconstitucional de la situación de los desplazados, destacando la protección a grupos vulnerables; subrayó cómo a partir de estos pronunciamientos se ha avanzado en la generación de políticas públicas con criterios diferenciales para esta población. Además, explicó el tipo de seguimiento que ha venido adelantando a Colpensiones para que esta supere el estado de cosas inconstitucional que vive el sistema pensional.