La Sección Segunda del Consejo de Estado, luego del estudio de la Sentencia SU-897/2012 y la Ley 790 del 2002, reiteró la unificación de jurisprudencia sobre la protección especial de las personas próximas a pensionarse, vinculadas a entidades del Estado que se encuentren en proceso de liquidación. Con base en lo anterior, las personas beneficiarias de la protección especial serán aquellos trabajadores a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez. Así mismo, según el concepto constitucional, en estos casos “la norma más garantista y que, por tanto, se ajusta en mejor forma al contenido esencial del derecho a la seguridad social será aquella que cuenta el término de tres años desde el momento en que se concreta la necesitad de suprimir el cargo” (C.P. Carmelo Perdomo Cuéter).