La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que las reformas de las plantas de personal de las entidades públicas exigen la realización de estudios técnicos previos. Según el fallo, dichos estudios son una garantía a favor de la comunidad y los trabajadores, pues deben prever las medidas requeridas para concretar el proceso de restructuración, de manera que se respeten las garantías laborales y los principios de la función administrativa. Así, se debe hacer un análisis del perfil y la carga laboral de cada uno de los empleos, que ofrezca un diagnóstico serio sobre la necesidad de reducirlos, indicó (C. P. Gerardo Arenas).