La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma que establece que el régimen disciplinario de la Policía también debe cubrir el control de las conductas de estudiantes que integran sus escuelas de formación; a su vez, objetó el contenido de la disposición que consagra en los jefes de las oficinas de control interno de la institución la competencia como sus jueces disciplinarios (artículos 23, parágrafo 2º (parcial) y 54, numeral 5º (parcial) de la Ley 1015 del 2006). Para el Ministerio Público, este tipo de normas no son aplicables en el caso, pues los sujetos en proceso de formación no son funcionarios públicos ni cumplen actuaciones policiales, sino que hacen parte de organismos cuya fisonomía se adecúa la de la actividad universitaria. La ponencia será presentada por el magistrado Alberto Rojas.