La falta de competencia del Presidente de la República para objetar reformas a la Constitución, no la decisión de archivar el acto legislativo de reforma a la justicia, es el fundamento de la decisión del Consejo de Estado de declarar nulo el Decreto 1351 del 2012, que convocó a las sesiones extraordinarias en las cuales fue archivada la norma. Según la Sala Plena, ello explica por qué este examen de legalidad en torno al acto administrativo no devuelve a la vida jurídica la reforma a la Carta Política de 1991. Aclaró, así mismo, que este fallo tendrá efectos hacia futuro, luego la conclusión apunta a que el jefe de Estado no podrá volver a objetar reformas constitucionales ni convocar al Legislativo para que las estudie, como lo hizo entonces, ya que no hay norma legal ni superior que lo autorice. Frente a la posibilidad de que una decisión política pueda derivar en la promulgación del acto legislativo, fuentes del alto tribunal recordaron que la inexistencia de la reforma ya hizo tránsito a cosa juzgada, ya que fue precisamente ese el argumento de la Corte Constitucional para abstenerse de emitir un pronunciamiento respecto al fondo de lo actuado por el Congreso en el proceso de aprobación y posterior archivo del texto (C. P. María Claudia Rojas).