La Procuraduría mostró su desacuerdo con la posibilidad de que esta instancia sea trasladada al Departamento para la Prosperidad Social. A juicio de la delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, ello supondría un retroceso, que implicaría regresar al “sistema irregular del Código del Menor”. Para ella, una decisión de esa naturaleza desconocería el interés superior del niño, por cuanto lo que urge es fortalecer las actuaciones del ICBF. Entre los desafíos no resueltos con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia “De Cero a Siempre”, el Ministerio Público se refirió a la falta de claridad en torno a sus fuentes de financiación, falta de protección a la madre gestante y la concepción de los niños como objeto de una política pública y no como sujetos de derechos.