El Consejo de Estado consideró que el alto costo de la consulta para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es un elemento razonable que habilita a la Registraduría a esperar si se ratifica o no la sanción que le impuso la Procuraduría al mandatario. Señaló que la respuesta de la demandada en torno a la necesidad de actuar con prudencia frente a la puesta en marcha de este mecanismo de control político, que costaría cerca de $ 35.000 millones, se justifica, pues podría suceder que se confirme la decisión del Ministerio Público, haciendo inocuo el desarrollo de una iniciativa popular de tan alto costo. Además, la Sala sostuvo que el actor cuenta con mecanismos ordinarios que aún no han sido resueltos para cuestionar el accionar de la administración frente a este requerimiento y que no está en juego la inminencia de un perjuicio irremediable o de algún otro aspecto de urgente solución que amerite la actuación extraordinaria del juez de tutela (C. P. María Elizabeth García).