Al concluir que con la expedición del Decreto 4444 del 2006 el Gobierno incurrió en una indebida injerencia en la autonomía de la Rama Judicial, el Consejo de Estado expuso las razones que llevaron a la corporación a declarar la nulidad de la norma, que reglamentaba la práctica del aborto. La Sección Primera del alto tribunal determinó que se había producido una violación del numeral 11 del artículo 189 Superior, que le otorga al Presidente de la República la facultad de reglamentar normas legales, pues esta actuación no estuvo sujeta al desarrollo de una ley, toda vez que, en materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el único precedente era la sentencia C-355 del 2006, mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas, sin que ello hubiera generado la concreción de ninguna medida legislativa; de ahí que el alto tribunal se refiera a la aludida intromisión en asuntos judiciales, pues llega al punto de reglamentar un fallo. La colegiatura aclaró que no se da un análisis de fondo sobre el contenido del decreto, ni la decisión afecta las competencias del Gobierno ni del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para configurar políticas públicas en este sentido, como la inclusión del IVE en el POS o la forma como se aplica la objeción de conciencia frente a su práctica (C. P. María Claudia Rojas Lasso).