El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, planteó 25 mínimos que en su criterio deben cumplirse para garantizar una paz estable y duradera, en caso de que se alcancen acuerdos definitivos entre el Gobierno y las Farc. Al referirse a las sentencias C-579 del 2013 y C-577 del 2014, señaló que se debe investigar, juzgar y condenar penalmente a todos los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, “el Estado no puede renunciar automáticamente a la persecución penal y tampoco incumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”. Además, debe existir transparencia en el proceso de implementación de los criterios de selección y priorización de casos, así como establecerse un recurso mediante el cual se pueda impugnar esa decisión. En su opinión, la investigación debe ser seria, imparcial, efectiva, en plazo razonable y con participación de las víctimas, asesoradas de manera especializada. Finalmente, reiteró que se debe garantizar el derecho a la reparación integral y que la terminación del conflicto armado exige que el grupo se desmovilice colectivamente y se desarme.