La plenaria del Senado de la República aprobó anoche, en último debate, la prórroga a la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), la iniciativa pasa a conciliación por la inclusión de nuevos artículos. Dentro de lo votado vale mencionar que las personas que participen en diálogos o acuerdos de paz por parte del Gobierno con grupos armados ilegales no incurrirían en sanción penal ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos y, en caso de haberse adelantado una investigación en su contra, podrán pedir la preclusión del proceso. El Ejecutivo destacó que la futura ley no solo es un marco para dialogar con grupos insurgentes, sino que también es una herramienta para financiar estaciones de policía, cámaras de seguridad y centros de convivencia, obras que de carecer este marco jurídico desaparecerían del ordenamiento legal vigente.