La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inexequible la vía establecida en el Proyecto de Ley Estatutaria 187 del 2014 Cámara - 078 del 2014 Senado, para financiar la creación de las salas de descongestión laboral de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. A juicio de la entidad, la supresión o modificación de otras dependencias de la Rama Judicial produciría un represamiento mayor al actual y pondría en riesgo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Según lo informó un comunicado de prensa, el organismo de control avala la creación de las salas de descongestión, salvo el aparte referente a la financiación, por cuanto para cubrir la creación de las doce plazas de magistrados que se pretende, habría que eliminar, como mínimo, 20 cargos de magistrado de tribunal superior de distrito judicial, muy posiblemente de la misma área laboral, o su equivalente en magistrados auxiliares de las altas cortes. Por tal motivo, recomendó al Gobierno Nacional y el Congreso de la República habilitar otras fuentes de financiación para el efecto.