Por medio de un concepto, la Procuraduría General de la Nación pidió a los magistrados de la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de las normas que permiten a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir y ordenar la liquidación de las empresas sociales del Estado (ESE). Argumentó  que  dichas entidades constituyen una categoría especial de “entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuya liquidación e intervención puede depender de la autoridad nacional por la relevancia del servicio que prestan y la categoría de derecho humano que reviste este servicio”. Es necesario recordar que para los demandantes todas las disposiciones parciales atacadas que conforman el sistema normativo de competencias de la Supersalud para liquidar las ESE desconocen la fuente normativa de creación que asigna competencias nacionales y territoriales, es decir, la ley que las crea en el orden nacional o los acuerdos y las ordenanzas en el orden territorial. En el documento adjunto a esta nota puede encontrar los demás argumentos y consideraciones del Ministerio Público frente a estas esta disposiciones normativas.