La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequibles los apartes del Estatuto Anticorrupción que prohíben a los exservidores públicos prestar servicios de asesoría o representación sobre temas relacionados con el cargo que desempeñaron, durante los dos años siguientes a su retiro (Ley 1474 del 2011, arts. 3 y 4). Según el Ministerio Público, las disposiciones no vulneran los derechos al trabajo, igualdad, personalidad jurídica y libertad de escoger profesión u oficio, pues la inhabilidad es una garantía de imparcialidad y transparencia en la contratación estatal, dada la capacidad que tienen los servidores públicos del nivel directivo para incidir en determinados sectores. “Existe el claro riesgo de que, como conocedores de primera mano de estas regulaciones y, en algunos casos, como sus hacedores, direccionen el desarrollo de dichos sectores, con lo que ello puede implicar para los contratos cuyo objeto tenga relación estos”, dijo la Procuraduría.