La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare cosa juzgada frente a las normas que regulan el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez o que, en su defecto, las declare exequibles (parágrafo 1° del artículo 16 e inciso 1º del artículo 19 de la Ley 1562 del 2012). El organismo de control respaldó la adscripción del Ministerio del Trabajo a su estructura y la facultad a este último otorgada para reglamentar su integración y administración operativa. A su vez, dio su visto bueno a las condiciones que el legislador fijó para la permanencia de los integrantes en cada junta y la potestad de la mencionada cartera gubernamental para multarlos hasta con 100 salarios mínimos, por violaciones a normas y procedimientos, sin perjuicio de que la misma Procuraduría pueda sancionarlos por las mismas conductas. El concepto sugiere declarar constitucionales los demás apartes demandados. La ponencia será presentada por el magistrado Luis Ernesto Vargas.