La Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Salud que informe el estado actual de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Ley 1639 del 2013, que establece las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido. La mencionada norma instruyó a esa cartera para que en un término no mayor a seis meses después de sancionada la disposición se cree la ruta de atención integral a las víctimas de ataques con ácidos, que permita suministrar información y orientar acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuentan; los medios judiciales, administrativos y de atención en salud, así como mecanismos para proporcionar ocupación o continuidad laboral, según el caso. “Dicha cartera ministerial también tiene la obligación de coordinar con el Ministerio de Industria y Comercio las actividades tendientes a garantizar el adecuado registro y control de venta de sustancias acidas, alcalinas o corrosivas y de llevar un registro de las víctimas atendidas”, agregó.