La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado estimó que los daños ocurridos en los municipios de Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Candelaria (Atlántico) por las inundaciones ocurridas durante la ola invernal de 1994 y 1995 fueron consecuencia de la omisión del Instituto Nacional de Adecuación Tierras (Inat), que debió cumplir con la construcción de canales de drenaje y de riego en la región, así como el mantenimiento de los mismos o en su defecto la vigilancia para que el contratista cumpliera con estas labores. La procuraduría encontró probada la responsabilidad extracontractual de la entidad y la falla del servicio por omisión, por lo que, a su juicio, debe reconocer como indemnización parte de las pérdidas que enfrentaron los campesinos.