La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare como ajustados a la Carta Política de 1991 los aspectos demandados de la norma que dio origen a la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., cuya creación tiene como fin la modernización del Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá. A juicio del Ministerio Público, por el hecho de clasificar la entidad como del orden nacional y no distribuir su funcionamiento entre los entes regionales no se violan los principios de la autonomía territorial, ni de jerarquía de las normas orgánicas. Según el concepto, el Congreso está facultado para crear empresas industriales del Estado y sociedades de economía mixta por medio de leyes ordinarias o facultar al jefe del Estado para que lo haga, ya que no se trata de la expedición de códigos, el decreto de impuestos o la expedición de leyes orgánicas ni estatutarias.