La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de emitir un pronunciamiento de fondo en torno a la reforma al fuero penal militar (Acto Legislativo 02 del 2012). De no hacerlo, advierte el organismo de control, la disposición debe ser declarada acorde a la Carta Política de 1991. El Ministerio Público aduce que ninguno de los tratados internacionales a los cuales se encuentra adherido Colombia indica qué autoridades pueden administrar justicia a nivel nacional respecto de los integrantes de su fuerza. Agrega que tampoco prohíben el establecimiento de un tribunal penal de garantías, como el que creó el acto legislativo, y que tampoco se determina qué organismo debe encargarse de investigar los delitos atribuidos a uniformados. Según el concepto, es evidente que no sobresale contradicción entre la norma demandada y el bloque de constitucionalidad. En esos términos, dice, es subjetiva y arbitraria la supuesta sustitución del texto superior. En otra demanda, la Procuraduría ya había manifestado su respaldo a la reforma constitucional. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Nilson Pinilla.