La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles algunas disposiciones contenidas en los mecanismos para atacar decisiones del juez disciplinario del Estatuto Anticorrupción (incisos 2º y 6º parciales del artículo 59 de la Ley 1474 del 2011). En el concepto se sugiere la inconstitucionalidad de las expresiones “una vez proferido y notificado el fallo en estrados” y “en caso de revocarse la decisión que negó la práctica de pruebas, el ad quem las decretará y practicará”, por considerar que pueden llevar a decisiones basadas en elementos que no se adecúan al principio de legalidad y vulneran el principio de la doble instancia. Ello porque solo es posible atacar la negativa a la práctica de pruebas una vez se profiera el fallo, dando lugar a que la decisión de primera instancia no haya tenido en cuenta todas las consideraciones que legítimamente ha debido examinar. El fallo será proyectado por el magistrado Mauricio González.