La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la Ley 1482 del 2011, que impone sanciones penales a quienes promuevan la discriminación racial, sexual, religiosa e ideológica. El Ministerio Público señaló que, en este caso, no era necesaria la consulta previa, porque se trata de una norma general y abstracta, que puede afectar a cualquier ciudadano. El organismo de control tampoco considera que se afecte el principio de identidad flexible por el hecho de que se hayan incluido motivaciones de orientación sexual, ideológica o religiosa en una norma que pretendía atacar la discriminación racial. Al contrario, considera que incluir a otros grupos poblacionales guarda conexidad con la orientación de la ley. “Respecto de la posible vulneración del principio de legalidad, dada la inadecuada e imprecisa redacción de los tipos penales, el actor se limita a afirmarlo, pero no soporta su dicho en argumentos que satisfagan los mínimos argumentativos de especificidad y suficiencia”, subraya el concepto, para sugerir la declaratoria de inhibición en relación con este cargo. (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).