Pese a que sugiere la declaratoria de inhibición en la demanda al fondo de estabilización de la gasolina (literal c del artículo 101 de la Ley 1450 del 2011), la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso para que desarrolle una nueva legislación que permita establecer un control más efectivo en el precio de los combustibles. El Ministerio Público recordó que es deber del Estado, particularmente del Congreso, intervenir en la economía, por mandato del numeral 21 del artículo 150 de la Constitución Política. Según el organismo de control, urge idear instrumentos para mitigar el actual estado de cosas en la materia, dado que la fijación del precio de los combustibles no está regida por parámetros de subsidios oficiales. Sin embargo, el concepto sugiere no estudiar de fondo la demanda, debido a que, a juicio de la Procuraduría, el actor objeta la facultad otorgada al Ministerio de Minas para establecer un tributo relacionado con el precio base, que establece la misma cartera, dejando su costo por encima del precio internacional, pero no demuestra probatoriamente que la diferencia sea excesiva. La ponencia le corresponde al saliente magistrado Alexei Julio.