La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el acuerdo celebrado por Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) para la ejecución de penas impuestas (Ley 1662 del 2013). El Ministerio Público calificó como un absurdo jurídico la posibilidad de que el país acepte la jurisdicción de ese tribunal a nivel interno pero, en cambio, no haga lo mismo con las consecuencias del control judicial que ejerza. Añadió que aunque sean las autoridades internas las que ejecuten las obligaciones, ello no significa que estas hagan uso del Estatuto de Roma como marco constitucional para ejecutar sus propias políticas. La ponencia será presentada por la magistrada María Victoria Calle.