La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible el acuerdo que pretende reformar el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) (Ley 1631 del 2013). A juicio del Ministerio Público, se trata de una propuesta que convertiría a esta instancia en un órgano más democrático, lo que le daría mayor legitimidad y eficacia a sus decisiones. Entre las modificaciones, se establece que la Junta de Gobierno podría cambiar el número de directores ejecutivos, en tanto cuente con un 85 % del poder total de votos, y prevé el mecanismo de elección de cada uno de ellos, en sesiones electorales que se darían con un intervalo de dos años. El mecanismo regula, así mismo, el poder de actuación de estos funcionarios. El expediente de esta acción de control constitucional fue repartido al despacho del magistrado Mauricio González.